La Defensoría del Pueblo bonaerense rechazó la decisión del gobierno provincial de habilitar un nuevo aumento de tarifas con que los usuarios deberán compensar a las empresas eléctricas por las pérdidas que registraron debido al aumento de sus costos mayoristas y de distribución.
“Es otra muestra más de que el gobierno le da la espalda a los bonaerenses a favor de las ganancias de las compañías. No descartamos ir a la Justicia si no se da marcha atrás con esta decisión que perjudican a los usuarios, acorralados por la seguidilla de aumentos, y que afecta por sobre todas las cosas a los que menos tienen”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
El planteo del organismo se da luego de que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) autorizara a las compañías a incluir desde febrero en las facturas el concepto “Incremento de Costos Tarifarios”, creado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos como mecanismo para que las distribuidoras puedan recuperar las diferencias por costos mayoristas y de distribución.
“Este recargo hará que el aumento pautado del 36% en promedio para todas las categorías pase a un 55%. Es una medida que impacta de manera directa en la facturación de todos los usuarios, incluyendo las Pymes, beneficiarios de Tarifa Social y las entidades de bien público”, puntualizó Lorenzino.